Indígenas, Afros, Mujeres, Infancias y Adolescencias:
Cuando la democracia se juega en el trato a su población más vulnerada
Hay episodios políticos que funcionan como
radiografías éticas: muestran, de golpe, cuáles son las convicciones reales de
un país más allá de sus discursos. Uruguay atraviesa hoy uno de esos momentos.
La citación policial a tres integrantes del Consejo de la Nación Charrúa
(CONACHA) por supuestos actos de “vandalismo” -grafitis con consignas
históricas como “Rivera genocida” o “Salsipuedes no olvida”- constituye un paso
grave hacia la criminalización de la militancia étnico-racial.
Es un paisaje de otro mundo. No sólo porque es indigno
de un país que se precia de su institucionalidad democrática, sino porque
reactiva modos de persecución política que creíamos sepultados con la
dictadura. Que se pretenda instalar miedo y disciplinamiento mediante el
sistema penal contra activistas indígenas de larga trayectoria y reputación
intachable no es un hecho aislado: es un síntoma.
Es el autoritarismo y la criminalización selectiva,
como un arma política antigua aplicada a causas nuevas.
Resulta paradójico que, en el marco de los 40 años de
recuperación democrática, un cartel sea tratado con más urgencia
penal que los reclamos históricos de un pueblo sobreviviente al genocidio de
Salsipuedes.
Los grafitis, que han acompañado durante décadas la
disputa por la memoria histórica en todo el país, jamás habían motivado
citatorias policiales. Pero hoy sí, justamente cuando CONACHA avanza -con
legitimidad, estudios, y trabajo institucional serio, incluso a nivel de
intercambio internacional en procesos como: el reconocimiento indígena en
Uruguay, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, la demanda de disculpas
públicas del Estado, y la revisión crítica de la figura de Fructuoso Rivera
desde un enfoque de derechos humanos. Es decir: cuando están más fuertes
políticamente se les ataca con golpes bajos.
No sorprende, entonces, que la presidenta de CONACHA
hable de “ataque directo” para entorpecer el trabajo de los inchalás. Y tiene
razón. La negación de la identidad indígena ha sido política de Estado durante
más de un siglo; que hoy haya avances concretos incomoda a sectores
conservadores.
Por eso es tan significativo que se intente
deslegitimar a un movimiento que, con altura, exige un debate nacional sobre
Rivera y el papel genocida de su gobierno. Un debate que, por cierto, buena
parte de la ciudadanía está dispuesta a dar: la sociedad sí está preparada;
quienes no lo están son aquellos cuyo poder se afirma en la narrativa única de
los vencedores.
Son violencias que se conectan y a veces
interseccionan las de odios hacia indígenas y afros, mujeres, infancias y
adolescencias. Entonces este no es un episodio aislado. Es parte de un clima
político y cultural donde los sectores históricamente vulnerados -pueblos
indígenas, población afrodescendiente, mujeres, infancias y adolescencias- siguen
enfrentando formas renovadas de violencia estructural.
Autoridades del Ministerio del Interior recordaron
esta semana que cada 12 minutos una mujer denuncia violencia de género en
Uruguay. Esa cifra habla sola. Y aunque haya cierta estabilización, la
estabilización de una tragedia social no es consuelo: es un llamado urgente a
transformar las condiciones que la producen pues el flagelo se ha instalado.
Se anuncian avances como el dispositivo Élida 360,
pensado para reforzar la protección de víctimas con riesgo bajo o medio, y es
positivo. Ampliar canales de denuncia sin tener que ir a una comisaría,
priorizar llamadas al 911, acompañar con chatbot y servicio telefónico, y
atender mejor lo rural y lo digital, es parte de la respuesta.
Pero la violencia contra las mujeres -como la
violencia racista y la violencia estatal- no se resuelve sólo con tecnología.
Se resuelve con voluntad política, con recursos reales, con capacitación
profunda, con perspectiva de género e interseccionalidad en todas las
instituciones. Y con un cambio cultural que no se consigue persiguiendo indígenas
ni negando memorias históricas.
¿Por qué unir estas luchas? Porque las violencias
comparten raíz.
Cuando un Estado o un partido político reacciona con
contundencia ante una pintada, pero con tibieza ante la violencia de género,
racial o histórica, nos está diciendo algo sobre sus prioridades.
Cuando se niega el genocidio indígena pero se
homenajea al responsable, se está construyendo un relato nacional que excluye a
parte de su población.
Cuando mujeres, afros, indígenas, niñas, niños y
adolescentes son los cuerpos donde se ensaya la fragilidad democrática, no
estamos ante problemas “sectoriales”: estamos ante un problema de Estado.
La democracia también se mide por a quién se
criminaliza y a quién se escucha.
Es imprescindible defender el derecho a la protesta, a
la memoria, a la identidad y a la expresión crítica. La Policía, la Fiscalía y
el sistema político deben ser extremadamente cuidadosos en no reproducir viejas
prácticas de persecución bajo nuevas etiquetas.
Porque si algo ha demostrado la historia es que la
criminalización de las minorías nunca empieza por hechos graves: empieza por
actos simbólicos. Y cuando se naturaliza, ya es tarde.
Un país que se precie de democrático debe proteger a
quienes alzan la voz, no a quienes buscan silenciarlas.
Uruguay tiene hoy la oportunidad de elegir: o avanza
hacia un país que reconoce sus pluralidades, o retrocede hacia una democracia
de papel que celebra aniversarios pero se incomoda cuando le recuerdan sus
heridas.
El Frente de Género Violeta Setelich que este año
homenajea a Don Pepe Mujica en su caminar por los derechos humanos de la
población más debilitada, sostiene que no hay lucha aislada.
La defensa de las mujeres frente a la violencia, la
defensa de los pueblos indígenas frente al negacionismo y la criminalización,
la defensa de las infancias y adolescencias frente a las desigualdades
estructurales, y la defensa de la población afro frente al racismo
institucional son una misma causa: la defensa del derecho a existir con
dignidad.
Porque un país que aún persigue a sus charrúas, desoye
a sus mujeres y precariza a sus niñas y adolescentes es un país que aún no
comprendió que la democracia es mucho más que votar: es garantizar igualdad,
memoria, justicia y protección efectiva para todas las personas.
SUSANA ANDRADE
